Réquiem por las cajas de ahorros

Las cajas de ahorros sufrieron intensamente la pesadilla financiera española, que comenzó el 19 de enero de 2009. Ese día, la agencia de calificación Standard & Poor’s despojaba a España de la máxima calificación, la triple A. Es decir, la solvencia para pagar las obligaciones de deuda dejaba de estar fuera de toda duda para empezar a estar en entredicho. La economía era ya el asunto que más preocupaba a la opinión pública. Se respiraba crisis y sobre todo, se echaba en cara al Gobierno el haber estado negando el final del ciclo expansivo y la llegada de los nubarrones a la economía española, al menos hasta que el partido gobernante revalidó su mandato, en marzo de 2008. El sacrificado en 2009 fue el ministro de Economía español, Pedro Solbes, que renunció a su cargo el 7 de abril.

Bernardo Carrión

Tan solo diez días antes de ese relevo, la tozuda realidad escenificaba el principio del fin de las cajas de ahorros españolas con la intervención de Caja Castilla La Mancha por parte del Banco de España, que dejaba al descubierto las nefastas prácticas de sus máximos responsables, algo común a la mayoría de ellas. No se había llevado a cabo una intervención a ninguna entidad financiera española desde la que fue objeto Banesto en 1989.


Los antiguos pósitos y montepíos

Las cajas de ahorros, que nacieron antes de la Guerra Civil y fueron herederas de los pósitos y los montepíos, se concibieron como entidades sin ánimo de lucro para dar servicio a los pequeños ahorradores. Tras la creación del Estado de las Autonomías, que quedó consagrado con la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, las cajas de ahorros pasaron a ser entidades mixtas cuya organización se dejaba en manos de los gobiernos autonómicos de los territorios en los que estaban implantadas.

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El presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó (derecha), tuvo el dudoso honor de estar al frente de la primera caja española en ser intervenida por el Banco de España en marzo de 2009. Foto: Ana Bau / JCCM.

Con el transcurso de los años, estas entidades se fueron convirtiendo en instrumentos financieros al servicio de los gobiernos locales de turno, que tenían potestad para nombrar a sus presidentes y consejeros. La mezcla de política y recursos financieros propició el uso de las cajas con fines electoralistas y la toma de decisiones reñidas con la rentabilidad y las prácticas bancarias más elementales. Además, la llegada del boom inmobiliario se hizo irresistible a estas entidades, que olfatearon dinero fresco y se lanzaron a competir entre ellas y con los bancos para alimentar y explotar la escalada del ladrillo. Como consecuencia de esta dinámica, los balances de las cajas de ahorros empezaron a resquebrajarse con el agotamiento de la burbuja. Su apalancamiento brutal obligaba a hacer algo con ellas.

El 11 de diciembre comenzaba el proceso de fusión de las cajas. Uno de sus objetivos era reducir su número de 45 a 15.

Fondo de Reestructuración Monetaria Bancaria

Ante la urgencia de afrontar la realidad, la primera medida que tomó el Gobierno fue crear el Fondo de Reestructuración Bancaria, el FROB, que regularía las ayudas al sector financiero en el inminente proceso de fusión de las cajas españolas. Contaría con 9.000 millones de euros, más 2.500 disponibles para el Fondo de Garantía de Depósitos, más 6.750 con cargo a presupuestos. Unas cantidades que en aquellos momentos parecían suficientes para afrontar la reestructuración del sistema financiero español, cuyos daños estaban aún ocultos.

El 11 de diciembre comenzaba el proceso de fusión de las cajas de ahorros. Uno de sus objetivos era reducir su número de 45 a 15. En teoría, las entidades en mejores condiciones iban a poder asumir los pasivos de las que estaban en peor estado. Pero la escasez de cajas saneadas hacía difícil encontrar hombros fuertes para tanta cojera. Aún así, se llevó adelante el proceso bajo la ilógica premisa de que al unir dos montañas de basura se iba a crear algo diferente a una montaña de basura más grande.

Comunidades huérfanas de instrumentos financieros

El proceso de fusiones de las cajas ha hecho desaparecer entidades centenarias, con mucho arraigo en sus territorios, que dejan huérfanos de instrumentos financieros a los gobiernos autonómicos. Es el caso de la Comunidad Valenciana, la cuarta de España por número de habitantes, que perdió Bancaja (fusionada con Caja Madrid y otras y convertida en Bankia), la CAM (absorbida por el Banco de Sabadell) y el Banco de Valencia (quebrado y absorbido por CaixaBanc).

Bancaixa, la más grande de las cajas de ahorros valenciana desaparecidas

Fachada de la sede de la antigua Bancaixa en la calle Pintor Sorolla de Valencia. La primera caja valenciana se fusionó con Caja Madrid y otras cajas más pequeñas para formar Bankia, entidad resultante cuya salida a bolsa estuvo envuelta en diferentes irregularidades. Foto: Alberto Sáiz.

Además de la desaparición de muchas cajas, durante el proceso de fusiones se detectaron numerosas irregularidades. Sin duda, la salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011, fue la de mayor envergadura: la entidad falseó sus balances entre 2010 y 2011 y ocasionó pérdidas por valor de más de tres mil millones de euros a los confiados inversores: los títulos que compraron perdieron el 85% de su valor en tan solo un año.

El Tribunal de Cuentas cifró en 2014 en 107.000 millones de euros el capital destinado a rescatar catorce cajas españolas entre 2009 y 2012, del cual sólo se ha devuelto a los contribuyentes una pequeña parte.