Escraches contra desahucios

La incapacidad para afrontar el pago de las hipotecas y los alquileres de muchos desempleados españoles se ha transformado en una pesadilla. Centenares de miles de españoles se han visto despojados de su hogar durante la crisis. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre enero de 2008 y diciembre de 2014 ha habido 360.000 lanzamientos judiciales, una cifra que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) eleva hasta 570.000. Esta organización de carácter popular nació como respuesta al desamparo que sufren los afectados y lucha desde hace años por acabar con la indefensión de los ciudadanos ante los bancos. En 2013, la PAH fue un poco más allá de la resistencia pasiva y puso en marcha una campaña de escraches contra diputados, ministros y miembros del Partido Popular, que dio por finalizada cuando se aprobó la Ley Hipotecaria.

Bernardo Carrión

Los escraches son concentraciones pacíficas frente a los domicilios de políticos para protestar por decisiones legislativas o para expresar descontento social. Durante 2013, y ante el rechazo del Gobierno a tramitar la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios, la PAH llevó a cabo diferentes escraches. Centenares de personas se concentraron frente a los domicilios del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, y hasta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para transmitirles de forma pacífica sus reivindicaciones: la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social. En algunos de los escraches se vivieron momentos de tensión, aunque en ningún caso se produjeron agresiones físicas. Finalmente, el Gobierno aprobó una ley hipotecaria que dejaba fuera las propuestas de la PAH y la plataforma abandonó la estrategia del escrache.

Escrache a la puerta del domicilio del diputado nacional del Partido Popular Esteban González Pons, en Valencia, organizado por la plataforma STOP Desahucios. Foto: Heino Kalis.


Avalancha de desahucios en 2009

El problema de los desahucios empezó a asomar en 2008, pero en el primer semestre de 2009 se manifestó en toda su dimensión. Asociaciones de usuarios de banca comenzaron a recibir consultas de personas amenazadas por una ejecución hipotecaria. En febrero de 2011 se crea la PAH, asociación que aglutina desde entonces al grueso de los afectados.

Al inicio de la crisis, la mayor parte de de lanzamientos judiciales se debió al impago de hipotecas. Muchos de los parados no pudieron seguir haciendo frente a una cuotas altísimas, producto de los hinchados precios de la vivienda antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de los disparados salarios que se percibían. Pronto descubrirían que la dación en pago —devolver la casa al banco para saldar la deuda contraída— no era suficiente. Debido al desplome de los precios del sector inmobiliario, las casas valían mucho menos que cuando las compraron. Es decir, que perdían la casa y seguían debiendo una enorme cantidad de dinero al banco. En otras ocasiones, los avalistas de los desahuciados —normalmente los padres— han tenido que entregar su vivienda al banco para cubrir el resto de la deuda.

Desde el inicio de la crisis, más de medio millón de viviendas han sido desalojadas en España por impago de cuotas de la hipoteca o mensualidades de alquiler.

PAH, los inicios de Ada Colau en la vida pública española

Antes de ser alcaldesa de Barcelona, Ada Colau fue coordinadora de la PAH y trabajó durante años para defender a los ciudadanos afectados por las ejecuciones hipotecarias. Y ha reiterado en numerosas ocasiones la dureza del sistema con los desahuciados, ya que los expulsa y los aboca a la exclusión social: “Detrás de las grandes cifras, cada ejecución hipotecaria es una familia a la que se priva de un derecho fundamental como es la vivienda. Una familia condenada al sufrimiento y al endeudamiento de por vida. Estas medidas dejan fuera a la mayoría de gente afectada para continuar protegiendo los intereses de la banca”.

Una mujer espera en su vivienda la visita de la comisión judicial encargada de desalojar su vivienda, en Valencia, en noviembre de 2012. Foto: Heino Kalis.

Muchas de esas familias sin recursos son protagonistas de una segunda oleada de desahucios. En 2014, el número de lanzamientos judiciales por impago de alquileres ya superaba a las ejecuciones hipotecarias, al contrario que al principio de la crisis. Se trata de una oleada de familias desahuciadas por segunda vez, que accedieron a alquileres precarios que no pueden pagar o que se arriesgaron a ocupar una casa para no tener que dormir en la calle y han sido denunciados.

Okupas que consiguen negociar con el banco

Pero la lucha ciudadana no cesa. El movimiento antidesahucios ha empezado a ocupar bloques completos de edificios sociales que están embargados por las entidades bancarias. En muchos de ellos han sido desalojados, pero en otros han conseguido que la entidad bancaria acceda a negociar un alquiler para legalizar la situación de los okupas. Dos ejemplos: 19 familias que han legalizado su ocupación del edificio La Manuela, ubicado en el centro de Madrid y propiedad de La Caixa, en el que han llegado a un acuerdo con el propietario, y un edificio de Sabadell en el que hay 146 personas realojadas gracias a un acuerdo con el SAREB (banco malo) y la Generalitat.

Desde el inicio de la crisis, más de medio millón de viviendas han sido desalojadas en España por impago de cuotas de la hipoteca o mensualidades de alquiler. Foto: Heino Kalis.


Lamentablemente, estas pequeñas conquistas sociales palidecen ante la realidad del mercado inmobiliario español, la actitud de la administración y la voracidad del poder financiero. Lo recordaba el periodista Alejandro Torrús en su reportaje La España desahuciada, aparecido en el diario Público en marzo de 2015: “Las autoridades públicas (…) se han convertido, en muchos casos, en el sujeto que solicita a la Justicia que desahucie a familias y que vende, literalmente, las casas de miles de familias con alquileres sociales a fondos de inversión considerados como fondos buitre. En esto nadie gana a la Comunidad de Madrid. El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió en 2013 por 201 millones de euros a Azora, un fondo de inversión del banco norteamericano Goldman Sachs, un total de 2.935 casas del parque público de viviendas. Solo un mes después, el Ayuntamiento de la capital vendió a través de la Empresa Municipal de la Viviendas y Suelo (EMVS) 1.860 casas por 218 millones de euros al fondo Magic Real Estate de Blackstone”.

Todos los caminos conducen a Goldman Sachs.