La resaca española

En España, la sociedad empezaba a percibir en sus carnes los efectos de la crisis por partida doble. Como miembro de la Unión Europea, experimentó un retroceso del 3,5 % del PIB en 2009. Además, el estallido de la burbuja inmobiliaria, que se había gestado durante una década, empezar a mostrar sus dramáticas consecuencias.

El ansia de los promotores y la codicia de los especuladores prostituían el mercado inmobiliario. El delirio del ladrillo tocó techo en el segundo trimestre de 2006. Solo en esos tres meses salieron al mercado 251.000 viviendas, para un total anual de 955.000. Un año antes, en 2005, encontramos otra estadística que retrata la anormalidad del mercado inmobiliario y que explica las consecuencias posteriores: ese año, se construyeron en España el mismo número de viviendas que en Francia, Italia y Alemania juntas. Un mantra se apoderó de la inmensa mayoría de la población: «Las casas nunca van a bajar de precio».
Bernardo Carrión

El precio de las viviendas se incrementó en España un 266 % entre 1998 —año de entrada en vigor en España de la conocida como Ley de Liberalización del Suelo, a la que muchos atribuyen haber creado un marco favorable a la especulación— y 2007. Pero contraviniendo las leyes del mercado, la sobreoferta no tiraba a la baja de los precios.

Fernado Martín estuvo al frente de Martinsa-Fadesa, la mayor promotora del país, que protagonizó en 2008 una quiebra de dimensiones desconocidas hasta entonces en España. Fuente: El Idealista.

La desaceleración que empezó en 2006 provocó en 2008 el inicio de un goteo de cierres de empresas que popularizó en el país el acrónimo ERE. Tres meses antes de la caída de Lehman Brothers, y como símbolo de la envergadura de la crisis que asomaba en España, la mayor promotora inmobiliaria del país, Martinsa-Fadesa, presentaba un expediente de regulación de empleo que afectaba al 25% de su plantilla y un concurso voluntario de acreedores, el mayor en la historia de España. Su pasivo superaba los siete mil millones de euros. Pero lo más llamativo de este caso es que el gigante inmobiliario se había creado solo unos meses antes, en diciembre de 2007, tras una OPA de Martinsa sobre Fadesa.


Un aluvión de ERE

Los expedientes de regulación de empleo comenzaron a llegar a los hogares españoles. Durante 2009, el incipiente goteo se convirtió en chaparrón: los ERE se cuadruplicaron con respecto a 2008, y más de medio millón de españoles se vieron afectados por uno. El sector inmobiliario vomitaba trabajadores a un ritmo frenético y creciente desde 2007. El reflejo en las estadísticas del INEM fue contundente. En total, en 2009 perdieron su empleo 1,1 millón de trabajadores. Ese año, ante el estupor general, se rebasó con creces la cifra de cuatro millones de parados, algo impensable unos pocos años atrás.

Durante el primer trimestre de 2009 empezó a emerger la punta de otro iceberg que se había estado cebando durante los años precedentes. Las asociaciones de usuarios de banca empezaron a alertar sobra la masiva aparición de familias que se declaraban impotentes para pagar su hipoteca. La salvaje escalada de precios de las viviendas, unida a la alegría y la falta de precaución de las entidades bancarias a la hora de conceder préstamos hipotecarios, había impulsado las cuotas de la hipoteca media por encima de los 1.100 euros mensuales. Para los que habían firmado en los últimos años, la entrada en las listas del paro hacía imposible atender a esos compromisos de pago. El techo bajo el que dormían muchas familias amenazaba con desaparecer.

La principal promotora inmobiliaria del país, Martinsa-Fadesa, presentaba un expediente de regulación de empleo que afectaba al 25 % de su plantilla y un concurso voluntario de acreedores, el mayor en la historia de España. Su pasivo superaba los siete mil millones de euros.


Los primero recortes

En España, el presidente Zapatero, que se vio atropellado por la crisis tras años de negarla, se empleaba a fondo con la tijera. El 12 de mayo de 2010, una semana después de que la troika diera luz verde al rescate griego, anunció un zarpazo de 15.000 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB. Se rebajaba un 5% el sueldo de los funcionarios, se congelaban las pensiones, se eliminaba el cheque bebé —2.500 euros por niño nacido— y se recortaba en 6.000 millones la inversión pública.

Residencial Francisco Hernando, en Seseña. El promotor, conocido como El Pocero, dejó una ciudad fantasma a medio construir en Seseña (Toledo). Fuente: Promociones Francisco Hernando.

Los derechos de los trabajadores también se vieron devaluados con la reforma del mercado laboral, que abarataba el despido para aligerar la factura que las empresas estaban empezando a pagar a través de un número creciente de expedientes de regulación de empleo. Hasta el IVA, ese impuesto intocable, subió un 2%. A pesar del frenesí reformista de 2010, la tasa de paro española superó el 20% y el déficit escaló hasta el 9,24%.

Los españoles asistían perplejos al desmantelamiento de su estado del bienestar, que había costado más de tres décadas construir. Ya todos contaban con desempleados en la familia y los círculos de amistades. Veían crecer el drama de los desahucios, unos lodos que arrastró la lluvia de hipotecas. Camino de los cinco millones de parados, en la sociedad española crecía la rabia y la indignación.