Las élites extractivas

La sociedad española ha asistido en los últimos años a la aparición de un número creciente de casos de corrupción. Aunque esta práctica nunca ha dejado de existir, nuestro país no conocía un periodo de tanta alarma social desde la década de los noventa, cuando los últimos gobiernos de Felipe González generaron casos como los de Luis Roldán, Juan Guerra, FILESA, GAL, Fondos Reservados, Expo 92 o AVE. También en el mundo de las finanzas hubo casos de gran repercusión, como Banesto o KIO. El irrespirable clima de corrupción que se vivió en aquella década ha regresado corregido y aumentado. Los ciudadanos han visto desfilar por las televisiones a los protagonistas de innumerables tropelías. Miles de crónicas y artículos han dejado constancia de la envergadura de este saqueo sistemático, cuyo catálogo de prácticas delictivas es inabarcable y crece día a día.

Bernardo Carrión

Grabaciones e informaciones que mueven al rubor y a la indignación han dado la auténtica dimensión moral de los implicados. Responsables políticos de todos los niveles de la administración, directivos de cajas de ahorros, empresarios, presidentes de la patronal, sindicalistas, banqueros, miembros de la familia real, conseguidores, tonadilleras, presidentes y jugadores de clubes de fútbol. Sus correrías han sido serializadas en los medios. Gürtel, Noos, ERE de Andalucía, Trajes, Papeles de Bárcenas, Campeón, Pretoria, Tarjetas Black, CAM, Jordi Pujol, Brugal, Rabasa, Pokémon, Púnica, Emarsa, Palma Arena, Molinos, Bankia, Catalunya Caixa, Taula. Y hay muchos más. Son nombres de casos con los que nos hemos familiarizado día a día, que han ocupado miles de horas de radio y televisión y artículos en prensa e Internet. Los españoles hemos sabido que un sector de la población ha vivido entregada a la delincuencia como modo de vida, a apropiarse de dinero público, a dilapidar recursos a cambio del enriquecimiento personal.

Las empresas adjudicatarias de obras o infraestructuras públicas han de pagar la ‘mordida’ que reclaman las élites extractivas si quieren acceder a la ejecución de los proyectos que licitan las instituciones. Licencia CC (Carlos Teixidor).

El concepto élites extractivas, acuñado por los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson en 2012 y difundido en España por otro economista, César Molinas, autor del libro Qué hacer con España: del capitalismo castizo a la refundación de un país, define con precisión al grupo de población dominante. “Las élites extractivas de un país son aquellas que se apartan de la obtención del bien común y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen. Concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder. Estas élites elaboran un sistema de captura de rentas que les permite, sin crear riqueza, detraer recursos de la mayor parte de la ciudadanía en beneficio propio”. Acemoglu y Robinson sitúan a las élites extractivas en el mundo de las finanzas, de la economía, de la política, de los medios de comunicación o incluso de la inteligencia.


Control total de las instituciones

La descentralización de España, que comenzó a principios de los ochenta, ha permitido a las élites ampliar su ámbito de actuación con diecisiete gobiernos autonómicos y sus correspondientes cámaras legislativas. Y conseguir el control de las cajas de ahorros. Un campo abonado para extender el poder clientelar de los partidos políticos y proveer nuevos nichos de extracción.

Daren Acemoglu, profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachussets y James A. Robinson, economista y profesor en Harvard, acuñaron el concepto de ‘élites extractivas’; César Molinas es un economista español que secunda sus teorías.

Según César Molinas, los partidos políticos, artífices del sistema, también han conseguido arrogarse el control de entidades como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones o la Comisión de la Competencia, entre otros.

Pero Acemoglu y Robinson van más allá y vinculan la creación de burbujas económicas a las élites extractivas. Molinas está completamente de acuerdo con esa acusación: “En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores”. Algo similar podría decirse de la burbuja de infraestructuras: autopistas, aeropuertos, tramos de AVE ruinosos: un pésimo negocio para los españoles, una fuente de saqueo para políticos y empresarios afines.

César Molinas: "En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido".

¿Seremos capaces de salir de esta situación? Molinas no se muestra muy optimista al respecto: “La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea”.

Acción Cívica Contra la Corrupción

Pero hay quien no se da por vencido. El escritor, abogado y periodista Antonio Penadés empezó solo en su lucha. Decidió actuar cuando supo que el consejero de Bienestar Social del Gobierno valenciano, Rafael Blasco (PP), había desviado fondos de ayuda a ONG para proyectos de desarrollo del Tercer Mundo. Uno de los países beneficiarios era Haití, para el que se aprobó una ayuda de cinco millones de euros destinados a la construcción de un hospital. Penadés, que desde hace años tiene un niño haitiano en acogimiento permanente y conoce la situación del país, se personó como acusación popular contra Blasco y trabajó en estrecha colaboración con los dos fiscales del caso. Ha conseguido una primera condena de seis años y medio que el exconsejero ya cumple en la cárcel y aún han de juzgarse dos piezas más del ´Caso Cooperación’.

Junta directiva de la asociación Acción Cívica Contra la Corrupción. Su presidente, Antonio Penadés, es el segundo por la izquierda. Fuente: ACCC.

Ahora, Antonio ya no está solo. Ha fundado y preside Acción Cívica contra la corrupción, una asociación independiente y apolítica que brinda su estructura para que abogados de cualquier punto de España puedan personarse como acusación popular en representación de la misma y de forma desinteresada en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos. Acción Cívica también reclama la implantación de un sistema eficiente de control en la Administración para evitar que esta situación se repita en el futuro.

Este proyecto, sencillo en su dinámica pero profundo en su cometido, fue ideado en Valencia por un grupo de ciudadanos y está respaldado por el escritor Antonio Muñoz Molina en calidad de socio de honor. “Lo es por su admirable trayectoria profesional y humana, porque su obra periodística, ensayística y literaria constituye un referente moral para muchos y porque tuvo la generosidad de aceptar la propuesta de la asociación antes de su creación”, asegura Penadés.

Muñoz Molina publicó en 2013 el ensayo Todo lo que era sólido (Seix Barral), a través del cual analiza las causas que han llevado a España a la decadente situación que atraviesa. Y esta es una de las reflexiones que contiene: “No tendremos disculpa si no hacemos todo lo poco y lo mucho que está en nuestras manos, en las de cada uno, para que no se pierda lo que tanto ha costado construir, para asegurar a nuestros hijos un porvenir habitable, si no los alentamos y los adiestramos para que lo defiendan. Y no nos queda más remedio que empeñarnos en ver las cosas tal como son, a la sobria luz de lo real. Después de tantas alucinaciones, quizás sólo ahora hemos llegado o deberíamos haber llegado a la edad de la razón”.