Preferentes, la estafa de las cajas

La estafa de las preferentes pasará a la historia de España como una de las más miserables perpetradas jamás en el país. Puso de relieve la indigencia moral de los directivos de las cajas, que en su caída a los infiernos decidieron arrastrar con ellas a sus impositores. Muchos depositaron su confianza y sus ahorros en manos de los directores y empleados de las sucursales, presionados por sus superiores para colocar más y más manzanas envenenadas. 700.000 clientes compraron acciones preferentes por valor de 30.000 millones de euros entre 2009 y 2011, que sirvieron a las cajas para financiarse fuera de un mercado de capitales que huía de su insolvencia. Las acciones preferentes se ofrecieron a los pequeños inversores dando a entender que eran un producto de alta rentabilidad y que la cantidad invertida podría ser rescatada en cualquier momento. Pero no era así.

Bernardo Carrión

La estafa se destapó cuando los preferentistas intentaron reembolsar su dinero: les informaron de que no podían hacerlo, y que además su rentabilidad estaba condicionada a los resultados de la entidad emisora. En la práctica, los ahorros de los inversores se habían esfumado. ¿Cómo es posible que el Banco de España, que supervisó las emisiones de preferentes, no evitara esta estafa a gran escala?


“Hay que triplicar la actividad comercial”

“Vamos a ser vendedores, no informadores, no ofrecedores… Vendedores. No hay ningún tipo de excusas, ninguno, no se está tirando como tendríamos que tirar. Y no puede ser… Hay que triplicar la actividad comercial, triplicar y necesito que cada día, cada día me digáis lo que habéis hecho. Nuestra zona está especialmente descolgada del resto de la red en el volumen de ventas”. Es el contenido de uno de los correos que recibieron empleados de Caixa Catalunya de Asturias y Galicia en 2008 y 2009, cuyo contenido desveló la Cadena SER en 2014.

Manel Fontdevila en El Diario, 11-04-2013

Viñeta de Manel Fontdevila, publicada en eldiario.es en abril de 2014.

En esos correos también se podían leer frases como “Nuestras familias, padres, hermanos, compañeros, amigos, amigos de amigos, tienen que ser clientes de Caixa Catalunya. Que nos traigan su dinero”. En octubre de 2008 los directivos marcaron el objetivo de captar entre 10.000 y 15.000 euros al día en cada oficina de Caixa Catalunya. Dos semanas después, el objetivo diario subió a 30.000 euros. “El tirón de orejas será muy importante si no se cumple. Toca poner toda la carne en el asador. A muerte”.

“Nuestras familias, padres, hermanos, compañeros, amigos, amigos de amigos, tienen que ser clientes de Caixa Catalunya. Que nos traigan su dinero”.

La existencia de estos correos ilustra la mecánica en la que se sumergieron las cajas de ahorros entre 2009 y 2011 para cumplir los requisitos de solvencia impuestos por la Comisión Europea y salvar sus balances de una quiebra inminente. El sistema financiero calificaba como bonos basura las emisiones de las maltrechas cajas españolas, que no podían atender sus acuciantes necesidades de liquidez. Y decidieron estafar a sus clientes, a quienes ofrecieron una inversión de la que solo describían sus supuestas ventajas, pero no sus múltiples inconvenientes: en realidad es un producto complejo creado para grandes inversores y que solo cotiza en el mercado secundario.

Accionistas de segunda que financiaban a su propio banco

Una sentencia de 2014 de la Audiencia Provincial de Salamanca, que en segunda instancia condena a Bankia a devolver 21.000 euros a un comprador de preferentes, explica cuál era la consecuencia última de la compra: “Lo que en realidad se estaba haciendo no era más que financiar a esa entidad comprando un título de discutible rentabilidad, escasísima liquidez y mucho riesgo, sin disfrutar de los derechos sociales que otorga la Ley al tenedor de acciones de una empresa con forma societaria. Es decir, el tenedor se convierte en un accionista de segunda y acaba siendo el banco de su propio banco”.

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Una mujer afectada por la estafa de las acciones preferentes protesta durante la celebración de una asamblea de Bankia en Valencia. Foto: Heino Kalis.


En esa misma sentencia se recoge lo que ha dictaminado la Comisión Nacional del Mercado de Valores: “Las participaciones preferentes (PPR) son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho de voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido”. Además, la propia denominación no expresa su esencia, que es confusa, y, como tal, no es casual, por cuanto que otra expresión podría haber alertado a los inversores.

“Fraude sistémico en connivencia con el estado”

El abogado y politólogo Miguel Ángel Andrés Llamas considera que la estafa de las preferentes es un fraude sistémico en el que se pone de relieve la connivencia de los pilares del estado en esta estafa: “En el llamado Caso Blesa (por el expresidente de Bankia), que le ha costado el destierro al instructor de la causa, el juez Elpidio Silva, la Audiencia Nacional ya ha descartado la responsabilidad penal en relación con las participaciones preferentes. Tampoco la Fiscalía, que tiene legitimación para defender los intereses generales de los consumidores en el orden jurisdiccional civil, ha llevado a cabo en este ámbito actuaciones de relieve”. Los afectados solo disponen de la vía civil para conseguir resarcirse. Y no pueden hacerlo unidos, ya que la legislación española no permite una acción conjunta.

“La CNMV no realizó su verdadera misión de control y vigilancia. El Banco de España tampoco hizo nada. Solo les preocupaba ocultar la crisis bancaria y también hizo la vista gorda”.

Tampoco el sistema de arbitraje que el Gobierno ha puesto a disposición de los afectados satisface a los interesados. Jesús M. Ruiz-Arriaga, presidente de Arriaga Asociados Abogados, bufete que representa a un alto número de estafados, explicaba por qué en una entrevista publicada en Levante-EMV en octubre de 2013: “El arbitraje del gobierno no pretende solucionar el problema ya que ha decidido no devolver el dinero de manera general, sino solo a los pequeños afectados. Y no reconoce el derecho a recuperar el 100% de la inversión, puede por ejemplo proponer una recuperación máxima del 60% pero no lo garantiza y no establece un mínimo”.

Ruiz-Arriaga también culpa a la CNMV, a la que acusa de mirar para otro lado: “La CNMV no realizó su verdadera misión de control y vigilancia. Se limitó a controlar y supervisar aspectos formales de algunos documentos como el folleto de emisión, pero no las malas prácticas que entidades como Caja Madrid, Bancaja y después Bankia, realizaron. El Banco de España no hizo nada. Solo le preocupaba ocultar la crisis bancaria y también hizo la vista gorda”.